Paraná
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JUDICIALES
GUALEGUAYCHÚ
El Estado no es responsable por un femicidio dentro de la cárcel

Fecha: 07/01/2018  Hora: 08:43  

- La justicia provincial consideró que no hay responsabilidad del Estado en el caso de una mujer que fue asesinada por su pareja durante una visita en la cárcel


El tribunal consideró que “no se puede responsabilizar al Estado provincial, siendo el fallecimiento de la víctima exclusiva responsabilidad de su concubino”.

Jésica tenía 23 años cuando la asesinaron. Fue golpeada, pateada y estrangulada. El asesino era su pareja y el crimen se produjo dentro de la cárcel de Gualeguaychú, donde Marcelo Schiaffino purgaba una condena. La justicia condenó al asesino a prisión perpetua y recientemente determinó que no hubo responsabilidad del Estado.

Un tribunal confirmó la sentencia de primera instancia que había rechazado una demanda por daños y perjuicios promovida por familiares de Jésica Beatriz Ocampo. “No se puede responsabilizar al Estado provincial, siendo el fallecimiento de la víctima exclusiva responsabilidad de su concubino”, señalaron los jueces.

La joven fue asesinada a golpes por quien era su pareja, Marcelo Schiaffino, entre las cuatro y las ocho de la mañana del 12 de febrero de 2013, durante una visita a la unidad penal. El crimen ocurrió en presencia de la pequeña hija de Jésica, de un año y medio; y el cuerpo de la joven quedó tendido sobre la cama de la unidad familiar hasta que fue hallado entre ocho y doce horas después por agentes del Servicio Penitenciario.

CONTROLES. Los familiares de Jésica le reprochan al Estado no haber cumplido con su deber de custodia y asistencia para preservar la vida y la seguridad las personas que visitan los establecimientos carcelarios en visitas familiares o higiénicas y, en el caso puntual, que no tomó las medidas pertinentes para evitar la muerte de la joven.

Concretamente, plantearon que en los tres días que duró la visita hubo un “irregular y defectuoso control”, que no se realizaron tareas de limpieza o mantenimiento dentro de la unidad familiar, que no se cumplió con el trámite previo para acceder a la visita conyugal y que se permitió el ingreso de la hija de Jésica en forma irregular.

El juez de primera instancia rechazó la demanda, con el argumento de que la visita “estaba otorgada dentro del marco legal existente” y resaltó que la joven “había visitado asiduamente en anteriores oportunidades sin altercados” a Schiaffino, con quien tenía una relación, y que el hombre “poseía conducta ejemplar”.

El magistrado destacó además que la Ley de Ejecución de Penas establece que para ese tipo de visitas “debe evitarse cualquier interferencia que pueda afectar la privacidad” y “debe resguardarse siempre la intimidad” de las personas, por lo que concluyó que “no hubo acción u omisión del Estado que hubiese evitado el trágico desenlace”.

NO FUE EL ESTADO. El fallo de primera instancia fue confirmado por Sala Primera en lo Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú.

El juez Gustavo Britos –al que adhirió Guillermo Delrieux– consideró que no se habían infringido normas de actuación de los agentes estatales y resaltó que “no cualquier coyuntura dañosa resulta atribuible al Estado u origina directamente su responsabilidad”. En cambio, sostuvo que “el fallecimiento (sic) de la víctima (fue por) exclusiva responsabilidad de su concubino”.

Por su parte, el juez Alberto Welp agregó que “el Estado, la sociedad y su grupo familiar fallaron en la contención de la víctima, inmersa en una realidad plagada de carencias, pero esto no se trasluce en una vulneración de normas concretas que rigen el Servicio Penitenciario”, por lo que no corresponde un resarcimiento a sus familiares.

Una niña en la prisión. El defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez, cuestionó que el Servicio Penitenciario permitiera el ingreso a la unidad familiar de la hija de Jésica Ocampo, de un año y medio. La niña, que no es hija de Schiaffino, estuvo presente en el momento en que asesinaron a su madre.

Benítez sostuvo que la niña “no es hija del penado por lo que nunca debió permanecer en el mismo ámbito en que se desarrollaba la visita íntima”, agregó que “por la naturaleza de la visita la menor nunca debió ingresar al sector privado” y por eso consideró que había una responsabilidad del Estado.

Sin embargo, su planteo también fue rechazado por el tribunal. “No puede calificarse como irregular y por ello constituir falta de servicio la presencia de la menor en la visita, dada la edad de la niña, la extensión de la visita otorgada y naturaleza de la misma definida como de ‘consolidación familiar’”, sostuvo el juez Britos. En tanto, Welp agregó que “aún de admitirse como una irregularidad la permanencia de la menor dentro del ámbito de visita carcelaria (…) y porque la niña no tenía vínculo con el preso, ello no aparece con conexión causal del daño reclamado (…) pues no se reclaman daños por haber permitido el acceso de la niña al lugar.























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  (El Diario)

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