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JUDICIALES
Connivencia entre policías y narcos
Comenzó el juicio a 15 integrantes de la llamada "banda de narcopolicías"

Fecha: 19/04/2017  Hora: 09:00  

- En el banquillo de los acusados está uno de los jefes del narcotráfico en la provincia y hay también integrantes de fuerzas provinciales y nacionales, cuya función era brindar información y protección a la organización


El Tribunal Oral Federal comenzó a juzgar quince personas como integrantes de una asociación ilícita dedicada a la venta de cocaína y marihuana en Concordia, Colón, Concepción del Uruguay y, se presume, el contrabando hacia la República Oriental del Uruguay. En el banquillo de los acusados está uno de los jefes del narcotráfico en la provincia y hay también integrantes de fuerzas provinciales y nacionales, cuya función era brindar información y protección a la organización.

Mario Roberto González, el Gordo, como le dicen, tenía un pedido de captura desde 2008 por delitos de narcotráfico, pero su habilidad y vinculaciones le permitieron mantenerse prófugo durante siete años. Esa referencia puede servir apenas como una estimación del tiempo que llevaba al frente de una organización cuya capacidad económica era impresionante y en la que cada uno de los miembros ejercía diversas funciones.

González fue detenido el 12 de mayo de 2015 en el departamento que tenía en el primer piso de la calle Pilar 747, en el barrio porteño de Liniers. Estaba con su pareja, Elsa Cristina Caram, que también fue arrestada. Con él cayó gran parte de la organización.

Su caída se produjo después de dos años de una investigación, a partir de la detención en forma casual de un hombre que pretendía cruzar desde la costanera de Colón hacia la República Oriental del Uruguay, en una lancha, transportando 42,92 kilos de marihuana y 3,36 kilos de clorhidrato de cocaína.

De resultas de esa casualidad, surgió la vinculación del hombre de la lancha con un tal Javier Alejandro Caire, a quien la Policía conocía del negocio de desarmaderos y comercio de autopartes en Concepción del Uruguay y de allí hasta el Gordo González.

Las escuchas telefónicas permitieron reconstruir el organigrama de la banda, determinar nombres, vínculos y roles de cada uno de los integrantes: González y Caire fungían como organizadores, es decir, quienes detentaban el liderazgo operativo, aportaban la infraestructura, medios económicos, logística (respecto del comercio, traslado y distribución de la droga) y asignaban los roles y funciones al resto de la organización.

Eran socios en partes iguales; compraban la droga a un proveedor de nacionalidad boliviana en la Ciudad de Buenos Aires y pagaban en dólares; la enviaban mayormente en encomiendas y luego sus subalternos la distribuían entre quienes comercializaban al menudeo. González manejaba el negocio en Concordia y Caire lo hacía en Colón y Concepción del Uruguay.

Por debajo de González y Caire, en distintos roles, aparecen familiares, que constituían distintos eslabones dentro de la organización.

Todo eso se pudo reconstruir a partir de seguimientos y vigilancia, informes, fotografías, filmaciones y, fundamentalmente, escuchas telefónicas. Por ejemplo, Orlando Daniel Caire, el padre de Javier, era dueño de una distribuidora de helados de la marca New Cream en Concepción del Uruguay, pero se determinó que en los galpones de su negocio se almacenaba la droga y también realizaban tareas de fraccionamiento y distribución; mientras que Elsa Cristina Caram, la pareja de González, era la encargada de la recepción y distribución de la droga en Concordia.

Debajo de ellos, la organización dividía su actividad. Carlos Alberto Segovia, yerno de González, trabajaba como remisero y utilizaba su vehículo como pantalla para hacer el reparto de la droga; mientras que María Isabel González y Rosana Isabel Tenis, la madre y la hermana del Gordo, vendían al menudeo en Concordia, al igual que Santiago Javier Acosta, otro kiosquero de la banda.

En tanto, Nicolás Alberto Stur y Néstor Javier Neuvirth tenían contacto directo con Caire, trabajaban con él en un taller mecánico y eran los encargados de transportar desde Buenos Aires hasta Concepción del Uruguay para luego distribuirla en las distintas bocas de expendio. Además, Neuvirth era una especie de presta-nombre de Caire para ocultar la compra de bienes con el dinero que le dejaba la venta de cocaína y marihuana.

La estructura también tenía sus propios vendedores, en Concepción del Uruguay, Mirta Noemí Sayavedra, una mujer que continuó el negocio que tenía su hijo Sebastián Cáceres, luego de que fuera detenido en Corrientes por un robo; y, en Colón, Antonio Darío Vallejos, aunque éste no llegó a juicio con el resto de la organización.

La conexión policial

El rol de los agentes de las fuerzas policiales y de seguridad aparece como fundamental para el sostenimiento de la organización. Su función, se cree, era la de brindar información y protección a los cabecillas, a cambio de dinero.

A través de escuchas telefónicas se determinó, por ejemplo, que González tenía un contacto fluido con el comisario inspector Alberto Mario Núñez, uno de los jefes de la Dirección de Toxicología de la Policía de Entre Ríos. En las conversaciones entre ambos, el jefe policial le decía al narcotraficante cuándo y dónde habría procedimientos y sobre las investigaciones en curso; y, a su vez, González le informaba datos de otros kioscos de droga que constituían una competencia para su organización.

También González y Caire hablaban de Núñez. Se referían a él como "mi amigo Mario", "el amigo de Paraná" o "el del Aveo blanco", en referencia al automóvil que la Policía le proveía para que se movilice.

Los tentáculos de González, además, se extendían a otras fuerzas: los sargentos José María Gómez y Sergio Andrés García, de la Policía Federal, también le daban información al jefe narco de investigaciones que llevaba adelante esa fuerza; incluso García apuntaba datos de sus propios compañeros de trabajo para que González tomara represalias contra ellos.

En tanto, el sargento ayudante de Gendarmería Carlos Francisco Acosta, que se desempeñaba en el área de inteligencia y escuchas telefónicas en el Escuadrón 4 "Concordia", también le confiaba a González información de investigaciones y procedimientos que realizaba la fuerza de seguridad.

Sin precedentes

El juicio no tiene precedentes en la historia del Tribunal Oral Federal, por la cantidad de imputados y la magnitud de la organización delictiva que está siendo juzgada. Se prevé que el debate dure, aproximadamente, un mes y medio, y hay más de sesenta testigos citados a declarar.

El tribunal está integrado por Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros; el fiscal es José Ignacio Candioti, mientras que Leandro Ardoy oficia como coadyuvante en este juicio.

Los defensores son Juan José Buktenica y Francisco Azcué, por Mario Roberto González, Elsa Cristina Caram, María Isabel González, Rosana Isabel Tenis, Carlos Alberto Segovia y Javier Alejandro Caire; Rafael Briceño representa al policía Mario Alberto Núñez; Juan Pablo Temón asiste a los policías federales José María Gómez y Sergio Andrés García; José Peluffo es defensor de Mirta Noemí Sayavedra; y el defensor oficial Mario Franchi representa al gendarme Carlos Francisco Acosta, Santiago Javier Acosta, Orlando Daniel Caire, Nicolás Alberto Stur y Néstor Javier Neuvirth.


  (Radio La Voz)
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