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LEGISLATIVAS
También acompañaron los diputados del bustismo y Troncoso
Por el voto de los diputados oficialistas, no prosperó el juicio político a Mizawak

Fecha: 12/01/2017  Hora: 05:59  

- Luego de casi cuatro horas de debate en el recinto, por 21 votos contra 12, el oficialismo logró que se aprobara su dictamen y no acusar ante el Senado provincial a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak; El Frente para la Victoria contó con los votos de Ricardo Troncoso (Recuperación Radical-Maciá) y de Gustavo Zavallo y Daniel Koch (UNA/FR)


El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que actuó como Comisión investigadora, Diego Lara (FpV-María Grande), fue la voz del oficialismo para defender a la magistrada, desestimar la denuncia de los abogados, y arremeter contra el vocal Carlos Chiara Díaz, quien enfrentará el enjuiciamiento en la Cámara Alta, y contra los propios denunciantes de Mizawak. El presidente de la Cámara, Sergio Urribarri, hizo una breve intervención cuando se abordó el punto en que se investigó presuntas sociedades comerciales con la magistrada. “Son (acusaciones) falsas, malintencionadas, falaces y pretenden claramente poner un manto de sospecha” sobre su persona, dijo al respecto.

Con votación nominal, -una moción promovida por la oposición y aprobada por unanimidad-, este miércoles se decidió el destino de la presidenta del STJ: no será acusada. Por 21 votos por la afirmativa para acompañar el dictamen del oficialismo, que se votó en primer lugar por ser el de la mayoría, contra 12 que se pronunciaron por la acusación, Mizawak no será juzgada.

Lara hizo una extensa lectura, de más de dos horas, de extractos del dictamen, disgregándolo en los cinco puntos que denunció la presentación de los abogados, a saber: a) Viajes y abandonos excesivos de la jurisdicción. Falta de diligencia debida en el control del otorgamiento de viáticos y licencias; b) Participación en sociedades comerciales con el Sr. Sergio Daniel Urribarri y el Sr. Daniel Arroyo (“según los denunciantes”, en palabras de Lara). Incompatibilidad con el ejercicio de la magistratura; c) Manipulación del trámite de la causa “Arralde” y tráfico de información; d) Percepción de sobresueldos – enriquecimiento sin causa; y e) Grave negligencia, falta de idoneidad e incumplimiento de las obligaciones y atribuciones de superintendencia. Robo de armas bajo custodia directa del Poder Judicial, su comercialización y venta ilegal.

Sobre cada inciso dio cuenta de lo que sostuvieron los demandantes, la defensa que hizo Mizawak, las pruebas colectadas en cada caso, así como lo que resolvió el oficialismo, según adelantó Análisis Digital.

Cuando la exposición de Lara cumplía dos horas y argumentaba sobre la Causa Arralde, el presidente de la bancada de Cambiemos, Sergio Kneteeman, solicitó que se respete el tiempo reglamentario de exposición, dado que eran varios los diputados que iban a exponer. El legislador de María Grande accedió al pedido, y obvió el resto de la lectura del punto c) y obvió los últimos dos puntos (d y e), y pasó directamente a las conclusiones del dictamen. No obstante, pidió que se envíe a la prensa el dictamen completo para su difusión. Urribarri dijo, ante la solicitud, que la Presidencia del cuerpo iba a remitir a los medios ambos dictámenes.

Para la oposición en cambio, Mizawak es pasible de juicio político.

Diputados de Cambiemos ofrecieron, en un pormenorizado dictamen, elementos probatorios que fundan la posición que han sostenido en la comisón y también en el recinto, para avanzar hacia un proceso acusatorio hacia la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Claudia Mizawak.

“El presente informe recomienda y avala la formal acusación de la Dra. Claudia Mónica Mizawak en su carácter de Presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, proponiendo la votación favorable hacia la apertura del proceso acusatorio que deberá derivar en el especial proceso de juicio político”, dice el dictamen acusatorio contra Mizawak promovido por los diputados de Cambiemos Esteban Vitor, Maria Alejandra Viola, Jorge Monge y Gabriela Lena, todos integrantes de la Comisión de Investigación.

Acerca de las pruebas

En el escrito los Diputados de Cambiemos sostienen que Mizawak debe someterse al proceso de enjuiciamiento sobre la base de contar con pruebas suficientes, de distinto tipo que meritan ese acto.
Una de las causales tiene que ver con los viajes y abandonos excesivos de la jurisdicción provincial, como así también su falta de diligencia -como Presidenta del máximo órgano judicial- en el otorgamiento de viáticos y licencias.
Según la prueba obrante, desde enero de 2008 hasta diciembre de 2016, alegando motivos oficiales, la Dra. Mizawak se ausentó de la jurisdicción 360 días hábiles que a su vez representaron la cantidad de 400,5 días de viáticos por una suma de $ 559.513,50.
Los viajes y viáticos, según argumentan los Diputados, se incrementaron aún más durante el ejercicio de la Presidencia (2013-2016), con el agravante de las irregularidades en la liquidación de viáticos en fechas en las que la Dra. Mizawak intervino firmando en distintas causas.
“Del entrecruzamiento y organización de los valiosos datos obtenidos, se prueba que Mizawak se ha ausentado de la jurisdicción, percibiendo mayores viáticos a los necesarios, efectuado viajes incluso al exterior del país y ha estado en su despacho suscribiendo resoluciones, providencias y/o sentencias, todo eso en un mismo, único e idéntico día”. Esta situación, según argumentan, provoca una inexorable nulidad de la resolución o la sentencia que cuenta con la firma de Mizawak en esas circunstancias y un inescrupuloso accionar de la máxima magistrada.
A juicio de los Diputados se produce una situación de identidad entre los casos -Chiara Diaz y Mizawak- aunque ésta última lo supera con creces y por lo tanto “no puede evaluarse ni ponderarse la conducta de la Dra. Mizawak por parámetros distintos a los observados para analizar el comportamiento del Dr. Chiara Díaz”. Más aún, los Diputados entienden que Mizawak incumplió seriamente los deberes que le imponen su condición de presidente, al no haber controlado las irregularidades en las que incurrió el Vocal Chiara Díaz. También le endilgan más adelante falta de control en el robo de armas, para comercialización y venta ilegal, que estaban bajo custodia del Poder Judicial.
Los diputados de Cambiemos también advierten con preocupación el trato dísímil en la contrucción de pruebas ya que en el proceso de ambos jueces, en el último caso, el retaceo de información fue la constante a superar.

Incompatibilidades y otras causales
La segunda causal de pedido del juicio político es la que tiene que ver con la incompatibilidad de la magistrada en la participación en sociedades comerciales con su esposo, Raúl Arroyo, ya que no se pudo acreditar la participación societaria con el Sr. Sergio Daniel Urribarri.
Las pruebas indican que la magistrada estuvo al menos 6 meses en situación de incompatibilidad. Esto encuentra un agravante en la participación indirecta, por intermedio de los miembros de la familia de la Dra. Mizawak, en sociedades comerciales con empresas contratistas del Estado que han sido especialmente beneficiadas en el rubro de la obra pública.
“Con ello, surge evidente que la magistrada aquí investigada se ha visto y está beneficiada directamente por los negocios de su marido con el Estado, en tanto conforman una comunidad conyugal, por lo que no resulta aceptable éticamente y genera sospechas fundadas sobre la ética en el ejercicio de su función judicial”, dice el informe.
A Mizawak también se le endilga manipulación de causas y tráfico de información, en referencia al proceso judicial constitucional promovido por el Dr. Juan Carlos Arralde impugnando la ilegítima designación de Guillermo Smaldone en la Presidencia del Tribunal de Cuentas de la provincia.

Sobresueldos con gastos reservados
Los denunciantes también probaron la existencia de sobresueldos, ya que según información provista por el Tribunal de Cuentas al Presidente de la Comisión de Juicio Político, entre los meses de octubre de 2015 y abril de 2016 los cobros de la funcionaria fueron por un total de $ 1.394.000,00, percibidos íntegramente en efectivo, sin justificación alguna, con uso discrecional, por lo que tampoco se uede descartar que hayan ingresado directamente a su patrimonio personal”.


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